El gerente del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable, Javier Blanco, asegura que el 84% de las empresas de más de 50 empleados obligadas a cumplir con el 2% de contratación de personas con discapacidad no lo cumplen, de modo que solamente el 16% sí lo hace. En esta línea, compara la normativa española con la legislación de referencia en Europa, que tiene cuotas del 4%, y no tiene el límite en las empresas de más de 50 empleados, sino en más de 25 empleados.

Así lo señala en una entrevista publicada en el número 132 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Sobre la evolución del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable desde que se creó en 2010, Blanco asegura que el Foro nace con el objetivo de promover las cláusulas sociales en la contratación pública, porque la Ley de Contratos del sector Público de 2007 preveía las cláusulas sociales como una posibilidad, no como algo obligatorio.

También explica que nada más nacer se incorporaron casi 50 empresas, un número que va aumentando y que ahora se sitúa en torno a las 85 empresas, que adquieren el compromiso de estar a favor del movimiento de las cláusulas sociales y a favor de integrar ellas mismas a las personas con discapacidad de forma directa. “No pedimos ni exigimos un certificado ni un cumplimiento, es el club de las empresas o entidades que tienen la voluntad de incorporar personas con discapacidad y cláusulas sociales”, subraya.

Un compromiso, señala, “que las empresas lo sienten, lo viven como parte de sus planes, ya que, “están muy comprometidos como empresa y también a nivel personal” y actualmente, explica, el Foro está a punto de incorporar al cuarto ministerio. Empezó con el de Defensa, en la junta directiva, luego el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, luego Hacienda y Administración Pública, y se está gestionando la adhesión de dos a la vez, el de Fomento y el de Trabajo.

Este Foro, afirma, “parte de considerar precisamente las cláusulas sociales como un instrumento de política social”, ya que, explica, “realmente las cláusulas sociales están consideradas en la propia Constitución como algo fundamental para desarrollar y dar concreción a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”.

En esta línea, subraya que “el caballo de batalla es cambiar la cuestión legislativa, dejar a un lado otros obstáculos y cambiar la ley de contratos públicos en la transposición de la directiva que debe realizarse en dos años y que no deje lugar a dudas en su interpretación”. Y si no se logra, apuesta por “hacer un acuerdo de ministros que haga obligatorias las cláusulas sociales”.
Además, explica que en el plan nacional de reformas de 2014 está pendiente la consideración de dos de las cláusulas sociales obligatorias, muy directamente relacionadas con la discapacidad: la exigencia del 2% de contratación de personas con discapacidad en las empresas con más de 50 empleados, pidiendo para ello declaración responsable, y la reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo. “Nosotros queremos que vengan acompañadas por otras cláusulas que también son muy eficaces para generar empleo, o para la accesibilidad y el diseño universal”, afirma.

Según Blanco, se trata de “una corriente imparable”, ya que, afirma, “la ley en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, ha cambiado, está convirtiendo esto en obligatorio, ya hay 12 territorios que lo han hecho” y “se verifica la tendencia”. En este sentido, asegura que la declaración de cumplimiento del 2% de personas con discapacidad en empresas de más de 50 empleados sólo existe en el ayuntamiento de Barcelona.

Blanco se refiere también en este punto a las pensiones no contributivas y señala que el problema es que del millón de personas con discapacidad en edad de trabajar solo trabajan 300.000, y hay en torno a 400.000 personas que no trabajan por las pensiones no contributivas. Por ello, insiste en que “ésta es otra reforma que tienen que hacer y está en el plan de reformas de 2014, y es que las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad deben permitan trabajar, ser compatibles”.

Fuente: Compromiso RSE

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